"Derecho al olvido" de deudas financieras: Abogada experta en protección de datos plantea modificaciones a moción de diputados

La Sala de la Cámara de Diputados votará en los próximos días una moción impulsada por un grupo transversal de parlamentarios que fue discutida y aprobada en la comisión de Economía del hemiciclo denominada como “el derecho al olvido" en materia financiera. 

La iniciativa legal tiene como objetivo consagrar el "derecho al olvido" financiero y permite a los deudores eliminar sus datos personales financieros de deuda o morosidades, cuando no existan razones legítimas para que sigan siendo conservados una vez cumplida su finalidad. 

El plazo para la eliminación transcurrirá luego de cinco años o más desde su mora o desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Esto, pues si bien la legislación contempla que transcurrido un período la deuda morosa prescribe, el dato de morosidad se mantiene en los registros. 

En línea con los objetivos del proyecto, se establece el deber de las instituciones financieras de eliminar de sus registros internos, los historiales de deuda y comportamiento de pago negativo, de aquellos deudores de los cuales sus obligaciones sean inexigibles. También se crean sanciones para aquellas empresas que incumplan el deber de eliminar el registro histórico de deuda.

La directora de Privacy Consulting y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Romina Garrido, abordó en conversación DF los impactos que tiene la iniciativa tal cual está formulada. 

Garrido sostuvo que el proyecto “limita el tiempo en que puede existir este registro histórico, pero hay que tener cuidado de las formas como se hace este ‘beneficio’ que son castigados por no haber pagado y siendo ingresados a estos registros, no pudiendo obtener créditos”. 

La abogada y experta en protección de datos personales mencionó que se debe estudiar bien la fórmula de cómo se materializa el “derecho al olvido financiero”, pues si bien tiene una “finalidad que es positiva y se condice con normas de protección de datos”, se debería distinguir al menos los montos de deudas que prescribirán.  

Planteó que uno de los problemas que tiene el articulado de la moción es que “se declara por el solo ministerio de la ley,, es decir, sin haber un juicio o un intento de cobro”.

Manifestó que es importante contar “efectivamente con una ley que permita a las personas rehacer su vida financiera, pero sin perjudicar a todos quienes componen el sistema financiero”.

¿La receta correcta?

Garrido recordó la importancia de que el Congreso avance en la legislación del proyecto de protección de datos personales que data su tramitación desde la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Añadió que otra iniciativa que debe empujarse es la creación del registro de deuda consolidada. 

Argumentó que la actual iniciativa parlamentaria es una solución “parche” ya que los otros dos proyectos son los que crean la base de protección para los consumidores financieros. 

Entre los elementos que criticó de la moción es que “no puede ser la eliminación a todo evento. Hay ciertas formas de proteger el mercado financiero de deudores que son reiterativos”.

Una solución que esbozó es que el olvido financiero podría comenzar una vez que se agotaron los recursos y procesos judiciales. Apuntó que “tiene que haber un juicio que permita perseguir una deuda, sino, se atenta contra todo nuestro sistema de pagos”.

En caso contrario, indicó que habrían “incentivos para no pagar y finalmente eso perjudica a todos los que pagan y al sistema financiero que lo componen todas las personas”. 

Dado esto, la experta hizo un llamado: “Hay que tener cuidado con legislar estas materias y la incoherencia que se puede producir con el proyecto de ley de Protección de Datos y con la Ley Pro Consumidor. Esta última exige que los bancos tengan que analizar información crediticia para tomar decisiones y prácticamente los obliga a incorporar herramientas de evaluación de riesgo”, dijo.